La Corte Suprema rechazó un recurso de queja en contra de los integrantes de sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que solicitaron al Ejército entregar información sobre ex integrantes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) que trabajan como empleados civiles en sus dependencias.

Aunque se permitió la entrega de antecedentes, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y los abogados (i) Jean Pierre Matus y Jorge Lagos– actuó de oficio para impedir su divulgación, ya que vulneraría la honra de los involucrados y sus familias.

En el fallo, se estableció que el reclamante de la causa “acompañó copias simples de diversas publicaciones periodísticas en las que se da cuenta de al menos ocho actividades conocidas como ‘funas’, esto es, de actuaciones coordinadas destinadas a encarar, increpando y fustigando de manera pública, a personas acusadas de violaciones a los derechos humanos, con el fin de desacreditarlas ante la comunidad”.

Tras esto, agregó que “hechos como los descritos puedan llegar a afectar a los empleados civiles del Ejército tantas veces mencionados, de modo que se ha de concluir que existen elementos bastantes para estimar que la revelación de su identidad redundará, con toda probabilidad, en la afectación de su seguridad y la de su familia y en la perturbación de su vida privada y familiar, en los términos previstos en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285”.

 

La decisión adoptada por la Suprema contó con los votos en contra del ministro Muñoz y del abogado Matus.